En el marco de la sesión plenaria N°19 del Consejo Regional Metropolitano, espacio presidido por el gobernador y presidente del CORE, Claudio Orrego, los consejeros y consejeras presentes aprobaron por unanimidad el protocolo del Gobierno Regional de Santiago que permitirá velar por el resguardo de los recursos en relación a transferencia de fondos regionales a entidades privadas.
La presidenta (s) de la Comisión de Coordinación y Relaciones Institucionales del CORE, consejera regional Paola Chávez, fue la encargada de exponer los detalles de esta iniciativa.
“La Comisión de Coordinación (espacio donde convergen las distintas bancadas políticas de este cuerpo colegiado), desde el mes de agosto del 2023 trabajó en conjunto con el Ejecutivo para la elaboración de un protocolo que regule las transferencias de fondos regionales y entidades privadas sin fines de lucro. La propuesta del protocolo se presentó el 21 de agosto, sin embargo, esta propuesta coincidió con la publicación del circular número 20 del Ministerio de Hacienda, incorporando nuevas exigencias a los convenios de transferencia que se suscriben en los organismos públicos y las entidades sin fines de lucro” detalló Chávez.
Asimismo, añadió que “en este nuevo escenario, las bancadas integrantes de la comisión con el propósito de colaborar en esta labor, se dieron un plazo para presentar propuestas bajo la circular 20. Dichas propuestas fueron revisadas, sistematizadas y aprobadas en la sesión del 4 de septiembre”.
Durante la sesión, se comentó que este nuevo protocolo incluye entre sus principales matrices medidas adicionales a las exigidas por la ley, respecto a las transferencias a entidades privadas sin fines de lucro.
Entre ellas, se destacan nuevas funciones del control previo por parte del Departamento de Pre Inversión de Diplader Gobierno de Santiago, respecto a los antecedentes y registros presentados por las corporaciones, universidades, y otras entidades sin fines de lucro. En la misma materia, se añaden medidas adicionales para las transferencias directas a las corporaciones y universidades y medidas específicamente diseñadas para el concurso del 8% en sus distintas líneas.
El gobernador Claudio Orrego, fue enfático al señalar que se trata “de un protocolo que se ha trabajado un largo tiempo, recoge prácticas que ya teníamos, con sugerencias de los consejeros y consejeras y con material trabajado por el Ejecutivo. Estamos tratando de formalizar buenas practicas, tanto propias como ajenas, en la lógica de seguir blindando a nuestro gobierno regional de cualquier problema o falta de transparencia, conflicto de interés o corrupción”.
Por su parte, el administrador regional del Gobierno de Santiago, Manuel Gallardo, agradeció “a los jefes de bancadas por su disposición y la discusión que se dio punto a punto, y también a la consejera regional Claudina Núñez, que en ese entonces presidia la Comisión de Coordinación y en varias ocasiones dio el espacio para discutir esto”.
Para añadir antecedentes, el administrador regional sumó que “el protocolo consta de dos partes, en la primera hace alusión a medidas que ya se habían adoptado el 2021, a partir de la crisis que en ese momento se desató. Se suma el requerimiento de documentos de respaldo como registro de proveedores del Estado, registro de directorio, representantes legales, y que estos no pertenezcan a sociedades que presten servicio ni compraventa de activos al Gobierno de Santiago, carpeta tributaria de los últimos 24 meses, presentación del último estado contable, entre otras exigencias”.
